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Ley de alquileres:Los profesionales inmobiliarios no estamos siendo escuchados

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Como todos sabemos, en junio de este año se sancionó la llamada “Ley de Alquileres”. Durante el largo tiempo que duró el (supuesto) “debate” de la norma, los profesionales inmobiliarios expresamos una y otra vez que estaba destinada al fracaso.

Pero no nos escucharon. Las autoridades decidieron no tener en cuenta la opinión de quienes tenemos el termómetro real de lo que piensan y necesitan inquilinos y propietarios por trabajar día a día con ellos.

Y ahora estamos ante las consecuencias de ese fracaso. Esto, de más está decirlo, implica un peor panorama para quienes la Ley dice defender: los inquilinos.

Para paliar esta situación, resulta urgente que el Congreso modifique las dos características más nocivas de la Ley: el plazo de tres años y el índice anual de aumentos.

La extensión del plazo del contrato de alquiler de dos a tres años implicó un desincentivo para que los dueños pusieran en alquiler sus inmuebles, sin generar un real beneficio para los inquilinos ya que, si la relación entre ambas partes era buena, en un 90% de los casos se le renovaba el contrato al inquilino si éste los deseaba.

El punto de los aumentos anuales ceñidos a un Índice que publicará el BCRA en un mix de costo de vida y sueldos resulta lo más nocivo de toda la Ley, no sólo porque genera una incertidumbre a ambas partes (ya que ninguna sabrá a cuánto aumentará el alquiler en los años subsiguientes), sino porque es la principal causa del brutal aumento al que hacía referencia. Esto es porque, ante la obligación de tener el valor locativo congelado durante un año, el dueño necesariamente buscará iniciar el contrato con un número más alto, para “cubrirse” durante los treinta y seis meses (algo de por sí difícil con el nivel inflacionario al que estamos acostumbrados en nuestro país).

Más allá de los problemas prácticos que ha generado la Ley de Alquileres, lo cierto es que su misma esencia estuvo desvirtuada desde el inicio. Uno de los mayores problemas que aquejan a nuestro país es, sin dudas, la crisis habitacional, y se expresa no en el mercado formal de alquileres, sino en todas aquellas situaciones irregulares de vivienda, como los barrios de emergencia, los inquilinatos y hoteles.

Desde el sector inmobiliario nos cansamos de marcar esta realidad, pero, reitero, no fuimos escuchados. Y, en lugar de actuar sobre estas situaciones que están mal, el Estado decidió legislar sobre aquello que funcionaba bien, el mercado de alquileres.

La Política debe, entonces, cambiar el enfoque y desarrollar un Plan Integral que permita resolver el déficit habitacional, poniendo sus energías no en asfixiar el mercado formal, sino en, por ejemplo, financiar viviendas sociales.

Los Colegios Inmobiliarios, podemos y queremos aportar todo nuestro conocimiento del sector para proponer y acompañar políticas que ayuden a cambiar esta realidad. Pero, para ello, necesitamos que desde el Estado se permita un debate profundo y sincero sobre la problemática.

Es indispensable que se abra una Mesa de Diálogo en la que se sienten todos los actores involucrados en la problemática habitacional. Solo así, podremos escuchar todas las voces y conocer, sin exclusión, todas las realidades (aún aquellas que hoy se encuentran invisibilizadas).

Las miradas diversas enriquecen cualquier debate. Es imposible sintetizar un Plan Integral, que obtenga soluciones de fondo, si no damos ese debate entre todos los sectores involucrados.

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