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Final del congelamiento de alquileres ¿qué pasará con los inquilinos y los precios?

congelado

El gobierno nacional decidió no renovar el decreto que establecía el congelamiento del precio y la prohibición de los desalojos. Ámbito habló por un lado con el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñóz y por el otro con el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar.

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

Estas medidas sucedieron en un contexto en que los alquileres en la ciudad de Buenos Aires aumentaron en promedio un 60% durante el último año, según el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) y que no incluye las expensas las cuales son un 20% del valor de la propiedad por mes.

Por su parte el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñóz, en diálogo con Ámbito calificó de «grave situación» la que sucederá luego de que finalice el decreto que permitía el congelamiento de los precios de los alquileres y que impedía los desalojos.

Muñóz también indicó que se contactó con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quién le dijo que ante esta situación habrá instancias de mediación y cuotas para pagar las deudas. «No es un problema de comprensión, acá hay un problema de negación» calificó el referente del sector.

Es que según el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional hay 300 mil familias que tienen deudas de hasta cinco meses de alquiler, de las cuales la mitad están en el AMBA. «El que usó el decreto es porque se quedó sin trabajo o gana la mitad» describió la situación en estos hogares. «Para estas personas o se extiende el decreto o es la calle» graficó.

Muñóz confirmó que por estas horas presentarán un amparo judicial, que continuarán con las medidas para visibilizar la situación como los ruidazos y que ayudarán a las familias que queden en la calle. «Esto es un pedido del mercado inmobiliario» dijo y agregó «el gobierno tiene que dejar de permitir que el mercado lleve la política de vivienda».

En referencia a las consecuencias de la pandemia por coronavirus, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional dijo que aún hay familias sin trabajo y sectores que no se recuperaron. «No solo no tienen condiciones para pagar sino que además tienen la deuda contraída en pandemia» cerró.

Por su parte el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, expresó que el sector prevé un desarrollo «normal» de las operaciones en abril y opinó en diálogo con Ámbito que «no va a haber inconveniente» en cuanto a fin del congelamiento de los alquileres. «Tenemos muy poca gente que adhirió» agregó.

En cuanto a la situación de los inquilinos Bennazar aseguró que buscan «llegar a un entendimiento entre las dos partes a través de mediaciones en las cuales se puede negociar la deuda entre tres y doce cuotas» y ratificó que «los conflictos judiciales son nulos ya que en estas situaciones interviene un corredor inmobiliario».

En cuanto a la nueva Ley de Alquileres, Bennazar opinó que presenta un «inconveniente» ya que hay una tendencia de algunos propietarios a «no prestarse a un nuevo alquiler debido a la baja rentabilidad» además de mencionar la «poca aceptación» a los contratos de más de dos años. «Es una ley para un país sin inflación» opinó. «Esas propiedades o entran en un mercado locativo temporario, o las ponen a la venta o esperan» cerró. Se prevé que haya un aumento en los precios de los alquileres.

De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir de este primero de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

Además, esta semana se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Por un lado se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Y por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

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